EL DIVORCIO EN COLOMBIA

En el derecho colombiano el divorcio vincular se instituyó con la Ley 20 de 1853, conocida como Ley Obando, la que también reglamentó el matrimonio civil. Llama la atención el hecho de que esta ley consagraba el divorcio vincular por mutuo acuerdo, el que posteriormente, con la Ley 1 de 1976 no se logró en forma directa y solo se vino a adoptar con la Ley 25 de 1992.

El mutuo acuerdo de los cónyuges en vigencia de la Ley 20 de junio de 1853, no era válido para el divorcio cuando se trataba de varones menores de 25 años y mujeres menores de 21, o bien cuando la unión matrimonial tenía una vigencia de 20 o más años. Tampoco cuando los cónyuges fueron mayores de 40 años y, en fin cuando los padres de los cónyuges se opusieren.

El divorcio vincular, consagrado en la Ley Obando, tuvo una vigencia efímera toda vez que el artículo 4 de la ley 8 de 1856 lo abolió. A partir de ese momento el matrimonio fué disoluble tan solo por la muerte de alguno de los cónyuges o por la nulidad judicialmente decretada.

Con motivo de la discusión del proyecto de ley del matrimonio civil y de divorcio que vino posteriormente a ser la ley primera de 1976, el país presenció una de las polémicas más ardientes que haya conocido, la que llevó a enfrentar básicamente dos grandes tesis: la de los divorcistas y la de los anti-divorcistas; esta última precedida especialmente por la iglesia católica que sienta como principio general aunque no absoluta, porque, como vimos permite que ciertos matrimonios ratos y no consumados sean disueltos y el Privilegio Paulino que permite al nuevo cristiano romper el vínculo cuando su vida matrimonial lo perjudique en su creencia, en su fe.

Para la iglesia católica el matrimonio no es solo un contrato si no también un sacramento, esto condujo finalmente a que el legislador colombiano respetando la legislación canónica, en la Ley 1 de 1976 aprobara el divorcio vincular pero tan solo para el matrimonio civil, continuando indisoluble el matrimonio canónico por causas distintas a la nulidad y a la muerte, situación que perduraría hasta el 17 de diciembre de 1992 que estableció la figura de la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos (art. 42 de la C.N.).

CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DE LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS

Como lo establece el inciso 7 del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, este amplió significativamente la cobertura de validez del matrimonio religioso por cuanto otorgó efectos civiles a los matrimonios celebrados de acuerdo con cualquier credo religioso. Este punto fue reglamentado en el artículo 1 de la ley 25 de 1992, al disponer que aquella validez queda supeditada a que la respectiva iglesia o confesión religiosa haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el estado colombiano.

Hoy, frente a la constitución de 1991, los efectos civiles del matrimonio católico como los de cualquier otra unión matrimonial, terminan por sentencia de divorcio judicialmente decretado, en efecto, dispone el inc. 8 del art. 42 C. N. que: "los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil".

En otras palabras, respecto al vínculo matrimonial católico, la ley civil permite hacer cesar los efectos civiles que le fueron reconocidos por el art. 12 de la ley 57 de 1887, reiterado por el art. 13 de la ley 25 de 1992.

Antes del 7 de junio de 1991, día en que fue proclamada la constitución política, los matrimonios católicos desavenidos solo contaban como solución jurídica para sus problemas de convivencia, con la simple separación de cuerpos, con la que lo único que se logra es la suspensión de la vida en común de los casados, manteniéndose vigente todas las otras obligaciones, entre ellas la de fidelidad, (según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia enero 29 de 1980).

Téngase en cuenta, que el divorcio, contemplado en el inc. 8 del art. 42 C. N., frente al matrimonio católico, mira tan solo a sus efectos civiles con cedidos por la ley que, como bien se conoce, son de tres clases, a saber: de tipo personal entre los cónyuges, los de naturaleza patrimonial y los referentes a los hijos procreados dentro de dicho matrimonio.